CURUTCHET, Alfredo

Hijo de Juan Curutchet, un comerciante de ideas socialistas, y de Julia Garaffo, maestra. Tuvo dos hermanos menores, Juan Carlos y Mirina. Estudió en el Liceo Militar de Córdoba y luego ingresó a la Facultad de Medicina, carrera que abandonó inmediatamente para ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, de donde egresó en 1964 con el título de abogado.

Durante sus años de estudiante participó en la Federación Universitaria de Córdoba (FUC). Aunque se había propuesto especializarse como penalista, finalmente se orientó hacia el derecho laboral, lo que acercó a los sindicatos combativos de Córdoba. Fue detenido el 29 de mayo de 1969 en medio de la huelga general que desató en Córdoba el llamado “Cordobazo”. Fue liberado a las dos semanas, pero volvió a ser detenido cuando presentó dos hábeas corpus a favor de otros dos presos: Agustín Tosco y Raimundo Ongaro, dirigentes de la CGT de los Argentinos. Curutchet fue trasladado a la Cárcel de Caseros de Buenos Aires, donde estuvo preso por varios meses.

De regreso en Córdoba, fue asesor de los sindicatos clasistas Sitrac (Sindicato de Trabajadores de Concord) y Sitram (Sindicato de Trabajadores de Materfer), que agremiaban a los trabajadores de dos empresas que la Automotriz Fiat había instalado en Córdoba, y que habían logrado desplazar a la burocracia sindical de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Luego de un conflicto con ocupación de ambas fábricas, el Ministerio de Trabajo les retiró en 1971 la personería gremial.

Fue uno de los creadores de la Asociación de Jóvenes Abogados, de la que fue presidente. En 1974 es asesor del SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor), el sindicato de los trabajadores mecánicos automotrices, cuya conducción había sido conquistada por la línea clasista de René Salamanca y desde donde se había lanzado la oposición al Pacto Social del gobierno del General Perón. Participa entonces activamente de las reuniones del Movimiento Sindical Combativo con sede en Córdoba, donde confluían las conducciones de los gremios gráficos, lucifuercistas y de sanidad con comisiones internas de otros gremios.

El 14 de agosto de 1974 viaja a Catamarca junto a los abogados Silvio Frondizi, Julio César Marcolli y Manuel Gaggero, entre otros, para defender a los detenidos de un Comando del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que el 10 de agosto habían sido apresados mientras intentaban copar el 17º Regimiento de Infantería Aerotransportada de esa provincia, a cargo desde entonces del Gral. Benjamín Menéndez. De regreso en Buenos Aires, los abogados denuncian en conferencia de prensa —entre otros hechos de gravedad— que los 19 guerrilleros no habían “caído en combate” sino que habían sido fusilados luego de ser detenidos, lo que representaba una seria acusación contra las fuerzas armadas que en persona habían intervenido en la represión.

El 7 de setiembre es querellado por el Ministerio de Defensa al igual que el resto de los abogados de esta causa por haber afectado el “honor de las FFAA” en la mencionada rueda de prensa. Por entonces, viaja a Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, para asumir las defensas de los presos del ERP trasladados allí en el contexto de la inminente intervención federal de esa provincia por parte del gobierno nacional de Isabel Perón, donde aun se mantenía el último de los mandatarios simpatizantes Montoneros, Jorge Cepernic.

Poco después de su regreso del sur, Curutchet es secuestrado por un comando de la organización parapolicial conocida como Triple A y fusilado en un descampado. Su cuerpo aparece acribillado en las piletas de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. Manuel Gaggero y Silvio Frondizi —quien sería asesinado en los días siguientes— dieron inmediatamente una conferencia de prensa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) denunciando que Curutchet “era el principal testigo en la denuncia que formularon sobre apremios ilegales sufridos por sus defendidos”, en referencia a los presos del ERP en Catamarca.

En su velorio participaron más de 10.000 personas, mientras que el fuero laboral de los tribunales de Córdoba cerró sus puertas en señal de duelo.