GUTIÉRREZ LUNA, Carlos Orlando

Orlando Gutiérrez creció en Oruro en el seno de una familia minera, junto a sus cinco hermanos, “todos dedicados a la actividad minera”. Tenía un hermano por parte de madre, Abel Zambrana Luna, con “mucha trayectoria en el rubro, tiene 26 años trabajando en la mina, y es ejecutivo también de la Federación de Mineros” (Página Siete, 2020). Su madre les inculcó como valores “trabajo, honestidad y estudio”, que fue motivador para Orlando quien no descuidó sus estudios, graduándose como bachiller del colegio Aniceto Arce.

A sus 11 años ingresó a la mina, donde descubrió el complejo mundo minero en el que confluyen la tecnología, la disciplina laboral y el culto al Tío:

Era un adolescente cuando se fotografío por primera vez con el tío del socavón. En la cosmovisión de los mineros andinos, el tío es el diablo, una especie de demonio (…) que recibe ofrendas de bebidas, comida, hojas de coca y cigarrillos a cambio de dar protección. Se internó durante quince años en las profundidades de las minas de Colquiri. Podría decirse que militaba bajo tierra mientras extraía estaño y zinc.

Veiga, 2020.

A los 18 era ya un experimentado trabajador que logró convertirse en maestro perforista, el más alto sitial para un obrero de interior mina. Allí se formó como militante de izquierda, siendo influenciado por la línea del Partido Obrero Revolucionario (POR). Se consideraba así mismo:

un militante de la clase obrera porque soy un minero orgulloso de mis raíces y voy a seguir peleando por los derechos e intereses de mi clase, esos son mis principios político-ideológicos. Mis principios guardan relación con la Tesis de Pulacayo, que es contar con un gobierno socialista, comunitario, de los obreros.

Huaygua, 2018, p. 3.

Su trayectoria sindical comenzó como secretario de Deportes (2007) y Secretario Ejecutivo de su sindicato hasta ser elegido Secretario Ejecutivo de la FSTMB, en el XXXII Congreso Minero, en San Cristóbal, Potosí (2015). Sus principios sintetizan el espíritu de la Tesis de Colquiri, documento político aprobado en San Cristóbal, el 21 de diciembre de 2015:

ya no seremos nunca más mit’anis, ni huata runas; nunca más seremos pongos de nadie. Queremos ser nosotros mismos los que construyamos con nuestras propias manos el futuro y el de nuestros hijos. Nuestro sector, el minero, todavía está controlado por las transnacionales. El Gobierno ha nacionalizado Huanuni, Colquiri, ha puesto en marcha Vinto (…) pero, hay sectores mineros que aún están en manos privadas. Por ésa razón los trabajadores mineros proclamamos que lucharemos de manera incansable hasta que la minería sea controlada por el Estado.

FSTMB, 2019, pp. 201-218.

En realidad, el documento aprobado en Colquiri, era conocido como “Tesis de Tupiza”, asumida como el principal documento político de los trabajadores bolivianos en el XVI Congreso de la Central Obrera Boliviana, en Tupiza, en enero de 2016. A partir del 2006, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) se había convertido en el bastión revolucionario al interior del proceso de cambio. La organización matriz de los trabajadores mineros interpeló a los gobiernos neoliberales, afirmando que:

la mitad de la neoliberalización de la minería ha sido la entrega de los recursos mineros a las transnacionales y la otra mitad del [decreto] 21060 es la cooperativización. Es el sistema perverso de la súper- explotación de la fuerza de trabajo [consecuentemente, plantean] luchar por una Bolivia soberana y digna en la transformación y liberación de los intereses neoliberales del imperio capitalista, dando la continuidad en el fortalecimiento a este proceso que vive el país [definiendo que el rol de los trabajadores mineros es] enarbolar las banderas de lucha por una política minero metalúrgica, que se convierta en el pilar central de crecimiento económico, con el único objetivo de reactivar el aparato productivo en beneficio del pueblo Boliviano.

FSTMB, 2019, pp. 201-218.

El fatídico 11 de noviembre de 2019 una conspiración con nexos insospechados logró el derrocamiento del presidente indígena Evo Morales Ayma, quien logró refugiarse temporalmente en Chimoré. Los golpistas ordenaron su apresamiento y estuvo un breve tiempo clandestino, hasta que fue rescatado por una operación ordenada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien envió un avión hasta Chimoré para evacuarlo a México, su primer destino en el exilio. Luego partiría a Argentina (BBC, 2019). Mientras tanto, en La Paz, se entronizaba en el poder la senadora Jeanine Añez, a la sazón segunda vicepresidenta del Senado, en un acto suscitado al margen del Estado de Derecho, relatado por un cronista con detalle:

ante la falta de quórum y en presencia de la minoritaria bancada opositora, a las 6:47 de la tarde, Añez dio lectura a una proclama cuya base jurídica era el comunicado emitido en tiempo récord por el TCP (…) hubo una fuerte aclamación (…) [luego ya en Palacio Quemado] un uniformado, el Jefe de la Casa Militar, le impuso a Añez la banda y medalla presidencial.

Brockman, 2020.

Desde ese momento, Orlando Gutiérrez fue crítico del régimen transitorio, al que consideraba “desastroso para nuestra historia. Pero a la vez es algo que nos va a enseñar a cuidar lo que no hemos podido defender en su momento”. Era consciente del papel del movimiento minero en esa coyuntura: “Nos consideramos punta de lanza en la lucha, Por eso lastimosamente tenemos muchos mártires (que) nos han dejado ese principio único de lucha para no ser más oprimidos por gobiernos neoliberales y capitalistas”. En su criterio, la estrategia para lograr el retorno de los exiliados era ganar las elecciones nacionales con mayoría absoluta:

Ya se lo he dicho a nuestro compañero Evo cuando he ido a Buenos Aires. Y lo mismo a los hermanos que están en la embajada de México y fuera de Bolivia. La única forma para que logremos que todos salgan de la embajada es recuperar el poder el 6 de septiembre.

Veiga, 2020.

El proceso electoral del 2018 fue muy accidentado. El gobierno de J. Añez usó la pandemia del Covid-19 como pretexto para postergar la fecha inicial, fijada por el Tribunal Supremo Electoral para el 3 de mayo de 2020. En junio, Gutiérrez advirtió al gobierno: “promulgar la ley para las elecciones de septiembre o enfrentar una sublevación del pueblo”. Tras fijarse los comicios para el 6 de septiembre, el Tribunal Supremo Electoral cambió la fecha, (Tercera Información, 2020) lo que motivó la declaratoria de huelga general indefinida y bloqueo de caminos por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad (órgano político del Movimiento al Socialismo), exigiendo “el respeto a la fecha de elecciones establecida mediante ley” (La Razón, 2020). El gobierno respondió con procesos penales contra el Juan Carlos Huarachi, máximo ejecutivo de la COB, la diputada Betty Yañiquez y el expresidente Evo Morales, “por delitos contra la salud pública, instigación pública a delinquir”, seguido de la clausura del año escolar, asumida para desmovilizar al magisterio. El 13 de agosto la movilización social liderada fundamentalmente por Orlando Gutiérrez, forzó al gobierno transitorio a convocar a una reunión con representantes de la Confederación Episcopal Boliviana, Naciones Unidas y la Unión Europea, quienes “firmaron un acta en calidad de testigos de honor que fue sancionada por la Cámara de Senadores” (Página Siete, 2020a), ratificando el 18 de octubre como fecha inamovible de las elecciones.

En el histórico acto eleccionario del 18 de octubre, el binomio Luis Arce-David Choquehuanca obtuvo el 55.1% del voto en las urnas (OEP, 2020). Luis Arce Catacora fue ministro de Economía y Finanzas de Evo Morales, y coautor con Carlos Villegas del “Modelo económico productivo social comunitario” que catapultó a Bolivia entre las economías más competitivas de la región entre 2006 y 2019. David Choquechuanca fue Ministro de Relaciones Exteriores de Evo Morales, representante del sector indianista aymara, con raíces pachamamistas.

En filas del gobierno electo, el nombre de Orlando Gutiérrez empezó a ser mencionado con insistencia para ocupar el cargo de Ministro de Minería, tanto por su condición de máximo ejecutivo de la FSTMB como por el hecho de haber liderado las movilizaciones sociales de agosto contra el régimen transitorio de Jeanine Añez, logrando fijar el 18 de octubre como fecha definitiva para las elecciones.

El 22 de octubre Orlando Gutiérrez celebraba el triunfo del Movimiento al socialismo (MAS). En esas circunstancias se denunció que fue objeto de un ataque por personas desconocidas, que derivaron en su internación en la clínica CEMES de La Paz, falleciendo el 28 de octubre, (Página Siete, 2020b) como consecuencia de las lesiones producidas en ese ataque sin descartar negligencia médica (Página Siete, 2020c). La FSTMB, en comunicado oficial calificó de “persecución criminal a los dirigentes sindicales” afines al Movimiento Al Socialismo y exigió a las autoridades investigar y esclarecer los hechos:

Este grave atentado se ejecuta como una forma de venganza perpetrado por la derecha fascista, por los llamados ‘pititas’, plataformas, contratando sicarios y matones (…) El compañero Gutiérrez y su familia recibieron muchas amenazas de muerte por las redes sociales, por parte de la derecha, pero al verse derrotados en las urnas, en su desesperación recurren a esta actitud de violencia totalmente antidemocrática.

Correo del Sur, 2020.

La versión del Ministro de Gobierno Arturo Murillo, antes de fugar del país, sostenía de manera tendenciosa que:

el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Orlando Gutiérrez, fue golpeado, aparentemente de manera brutal cuando estaba bebiendo y festejando el triunfo del MAS (…) He ordenado que se inicie un proceso en contra de los directivos de la clínica CEMES, porque claramente algo se quiere ocultar.

El Deber, 2020.

Los testimonios son divergentes, pero lo evidente es que Orlando Gutiérrez enfrentó de manera directa al gobierno de Jeanine Añez y a los autoritarios ministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Fernando López, ambos del régimen transitorio. Orlando Gutiérrez lideró las movilizaciones de agosto que fueron determinantes para doblar el brazo al gobierno en su intento de postergar sin fecha la fecha de elecciones.

La prensa afirma que Gutiérrez fue amenazado por mensajes anónimos por las redes sociales. Según los reportes de prensa, nadie –excepto la familia— logró visitar al dirigente minero, ni el propio presidente electo Luis Arce, la Fiscalía, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, la Defensoría del Pueblo. No se realizó la autopsia y la clínica mantuvo hermetismo, con lo que las causas de la muerte del dirigente minero quedan en el misterio. Esta circunstancia nos recuerda el crimen perpetrado contra el dirigente Federico Escobar Zapata, quien ingresó a una clínica privada para que se le reitere el yeso de su antebrazo fracturado en accidente de tránsito y salió con muerte cerebral, el 8 de noviembre de 1966 (Oporto, 2020, pp. 99-105).